Este miércoles 15 de octubre de 2025, el Senado de Uruguay aprobó la ley conocida como “Muerte Digna” para regular la eutanasia en casos específicos. La normativa fue avalada con 20 votos a favor de 31 senadores presentes.
Con esto, Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia por medio de una ley aprobada por el Parlamento. Hasta ahora, Colombia y Ecuador permitían la práctica mediante decisiones de sus cortes constitucionales, no por ley formal.
La ley permite que personas mayores de edad y mentalmente competentes soliciten el procedimiento si padecen una enfermedad incurable e irreversible, con sufrimientos intolerables.
Se exige que la petición sea voluntaria, expresa, y reiterada. Además, el proceso involucra evaluación médica y seguimiento bajo protocolos que garanticen seguridad. La norma excluye el suicidio asistido para menores. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en seis meses.
Debate y reacciones
Durante la votación, algunas personas en las gradas protestaron, lo que obligó al desalojo de parte del público. Organizaciones de pacientes, usuarios de cuidados paliativos y defensores del derecho a morir dignamente celebraron. Por su parte, la Iglesia Católica y colectivos médicos críticos advirtieron riesgos de vulneración de derechos. Asimismo, el grupo Prudencia Uruguay cuestionó que la ley no exige evaluaciones psiquiátricas obligatorias ni garantiza el acceso efectivo a cuidados paliativos.
En cuanto al contexto político, el proyecto nació hace años y recibió apoyo del Frente Amplio. Durante el debate en la Cámara Baja, la ley contó con 64 votos a favor y 29 en contra. El gobierno encabezado por Yamandú Orsi llevó el tema al recinto con respaldo progresista.
Con esta aprobación, Uruguay marca un hito regional. A diferencia de Colombia y Ecuador, su ley surge del Legislativo, no de un fallo judicial. Este paso refuerza la imagen de Uruguay como país pionero en derechos sociales y libertades individuales.
Con esta ley, Uruguay abre una nueva vía legal para que ciudadanos con graves sufrimientos elijan el momento y modo de su muerte digna. Sin embargo, el impacto real dependerá de cómo se implemente la reglamentación y del control de garantías.
