El asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica, vuelve a exponer un problema que avanza sin pausa. Mataron al político a unos metros de un cuartel federal, lo que revela más que una falla puntual. Muestra un entorno donde la autoridad pierde control incluso en espacios que deberían ser seguros. La familia del exalcalde expresó su dolor y criticó la falta de resultados en materia de seguridad.
A la tragedia personal se suma una lectura más amplia. Mezhua era un líder con arraigo comunitario. También impulsaba un proyecto independiente con ambiciones estatales. Su muerte se inserta en un patrón creciente de ataques contra figuras locales. Diversos reportes han señalado un aumento sostenido de agresiones durante 2025. Entre ellos, destacan los asesinatos de aspirantes y servidores públicos en zonas con presencia criminal. Estos datos confirman que la política municipal se ha convertido en un espacio vulnerable.
Violencia política y crisis democrática
Desde 2018, según “Votar entre Balas”, se han registrado miles de ataques (entre amenazas, secuestros y asesinatos) contra personas ligadas a la política local. En el proceso electoral más reciente, Causa en Común documentó 36 aspirantes asesinados y tres candidatos ya electos. Estas cifras muestran que la violencia política no es un fenómeno aislado ni episódico, sino un desafío sistemático a la gobernabilidad.
Los blancos preferidos son, precisamente, los servidores públicos más cercanos a la gente: alcaldes, aspirantes, exfuncionarios. Esta realidad deteriora la participación ciudadana. Si quienes deciden servir viven bajo amenaza, pocas voces se animan a escucharlas. No solo eso, la impunidad en muchos de estos crímenes envía un mensaje devastador: participar en política puede costarte la vida.
Restaurar la paz exige más que condenas públicas: requiere una estrategia real. La muerte de Mezhua recuerda que la violencia política no es una suma de hechos aislados, sino un entorno que condiciona la vida pública. Cada ataque debilita las instituciones locales y reduce el margen de acción de quienes aún quieren servir. Por eso, asumir este fenómeno como una prioridad nacional ya no es una opción, sino una obligación democrática.
México necesita garantizar que el ejercicio político no dependa del valor individual de quienes se arriesgan, sino de la solidez del Estado que los respalda. Solo entonces podremos hablar de un país donde la representación no se ejerza bajo amenaza y donde la comunidad recupere la certeza de que la autoridad puede protegerla.
