La Corte Suprema de E.E.U.U. veta las deportaciones de inmigrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una medida suspensiva que impide al gobierno de Donald Trump utilizar una ley de tiempos de guerra para deportar a un grupo de inmigrantes venezolanos en el norte de Texas a una prisión de alta seguridad en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a 538 migrantes ilegales y expulsaron a cientos, en una operación de deportación presentada por la Casa Blanca como “la mayor en la historia”, cuatro días después de la investidura de Donald Trump.

Durante su campaña, Trump demonizó  a los migrantes, describiendolos como “salvajes”, “animales” o “criminales”, en un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular. En marzo, el gobierno deportó a un primer grupo de inmigrantes a la prisión salvadoreña de Nayib Bukele.

De los 261 venezolanos deportados hasta el 8 de abril al Cecot, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, 137 fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, dijo un alto funcionario de la administración a CBS News, socio de la BBC en EE.UU.

La aplicación de esta norma busca usar la ley para acelerar las deportaciones y evitar las revisiones debidamente requeridas antes de la expulsión de personas del país.

Este fallo subraya la importancia del debido proceso y limita el uso de poderes ejecutivos extraordinarios en materia de inmigración, especialmente cuando se basan en leyes obsoletas y controversiales. No se adentran en el fondo de la cuestión: si la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es aplicable para supuestos como este.

Ley de Enemigos Extranjeros

La ley del siglo XVIII data de 227 años de antigüedad, esta le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de nativos o ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.

La norma invocada para eludir el proceso regular requerido para remover a ciertas personas en el país ilegalmente. La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de ascendencia japonesa fueron encarcelados

Protección de los inmigrantes

Aunque la Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad del uso de la ley, el fallo exige que los migrantes tengan más tiempo, y garantías legales para impugnar su expulsión. Puesto que los jueces reprochan al Gobierno por no haber informado adecuadamente a los afectados sobre sus planes de deportación.

Los migrantes tenían derecho a un aviso y una oportunidad de impugnar su remoción a través de peticiones de hábeas corpus federales. Ya que, “enviar una notificación con apenas 24 horas de antelación a la expulsión, sin información sobre cómo ejercer sus derechos procesales, sin duda no es suficiente”, indican los jueces.

Aunque la resolución de la Corte Suprema de E.E.U.U representa un contratiempo para las medidas de deportaciones masivas que impulsa la administración de Trump, esta es solo una medida provisional.

Pues los jueces de ultraderecha, Samuel Alito y Clarence Thomas, votaron en contra, argumentando que el alto tribunal no debía intervenir aún y que la decisión debía pasar primero por un tribunal inferior.