El domingo 11 de octubre de 2026, miles de personas salieron a las calles para
reclamar agua limpia y segura en sus hogares. La movilización, que partió de la
Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, terminó con enfrentamientos
entre manifestantes y policías, personas lesionadas y decenas de detenciones. Lo
que comenzó como una exigencia relacionada con las condiciones del suministro de
agua abrió también interrogantes sobre la actuación de las autoridades y el respeto
a los derechos humanos.
La inconformidad ciudadana tiene como antecedente un problema que, de acuerdo
con El País, lleva más de cinco años, pero que se agravó durante las semanas
previas a la manifestación. En distintas colonias de Guadalajara y su área
metropolitana, habitantes reportaron que el agua llegaba a sus viviendas con
tonalidades amarillentas, oscuras y olores desagradables. En algunos casos, el
líquido presentaba características que los vecinos asociaban con aguas residuales.
La magnitud del problema adquiere relevancia en una zona metropolitana que
alberga a más de cinco millones de personas, según la información publicada por El
País. El acceso al agua no se limita a disponer de una determinada cantidad de
líquido: también implica que sea suficiente, salubre, accesible y apta para los usos
personales y domésticos. Por ello, los reportes de agua con coloración y olores
inusuales plantean preguntas sobre el cumplimiento del derecho humano al agua y
las obligaciones de las autoridades responsables de garantizar el servicio.
Ante el agravamiento de la crisis, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció
que no existía una solución inmediata. En declaraciones difundidas en sus redes
sociales y retomadas por El País, explicó que los especialistas recomendaban dejar
de utilizar el agua de la presa de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala para
abastecer a la ciudad. Según el mandatario, esa decisión podría mejorar
sustancialmente la calidad del agua durante las semanas siguientes, aunque
implicaría una reducción del suministro durante los meses posteriores. Para algunas
colonias, la alternativa podría depender del abastecimiento mediante pipas.
La posibilidad de recibir menos agua para mejorar su calidad refleja una de las
dimensiones de la crisis: la población necesita un suministro seguro, pero también
suficiente y continuo para cubrir sus necesidades cotidianas. Si las familias deben
recurrir a otras fuentes para cocinar, asearse o realizar actividades domésticas,
también pueden enfrentar gastos y dificultades adicionales. En este contexto, el
derecho al agua se relaciona con otros derechos, como la salud y el acceso a un
medio ambiente sano.
De la exigencia de agua limpia a los enfrentamientos
Con este escenario de fondo, la movilización del 11 de octubre reunió a ciudadanos,
familias y colectivos que exigían soluciones a los problemas de calidad del
suministro. Según la cronología publicada por UDGTV, la concentración comenzó
alrededor de las 11:00 horas en la Glorieta de La Minerva. Poco después del
mediodía, el contingente inició su recorrido por la avenida López Mateos, con
dirección a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Entre los participantes se
encontraban niñas, niños y personas con discapacidad.
La llegada a las inmediaciones del inmueble ocurrió alrededor de las 12:42 horas.
Los manifestantes encontraron un perímetro de seguridad y, minutos después,
elementos de la policía antimotines se enfrentaron con parte del contingente. La
cronología de UDGTV sitúa alrededor de las 12:54 horas el derribo de barreras de
seguridad y el comienzo de los enfrentamientos. Posteriormente, se reportó el uso
de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas
que permanecían en el lugar.
La secuencia de los acontecimientos plantea preguntas sobre el uso de la fuerza
pública. UDGTV reportó el empleo de gases lacrimógenos alrededor de las 13:20
horas y el uso de agua a presión a partir de las 13:38 horas, además de personas
lesionadas. Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en
México denunció que estas acciones también afectaron a periodistas que
documentaban la protesta. Aunque existen registros fotográficos y audiovisuales de
la movilización, determinar cómo comenzó cada enfrentamiento y si la respuesta
policial fue justificada requiere examinar las imágenes completas, las circunstancias
de cada intervención y los testimonios de quienes estuvieron presentes.
La presencia de familias, menores de edad y personas con discapacidad también
vuelve relevante el análisis de las condiciones en que se desarrolló el operativo. No
obstante, su participación no demuestra por sí misma que cada intervención policial
haya sido ilegal. La cuestión central consiste en determinar si las acciones de los
agentes respondieron a amenazas concretas y si se ajustaron a los principios de
legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Si se utilizaron mecanismos de
fuerza de manera injustificada o indiscriminada, podrían haberse afectado la
integridad personal y el ejercicio del derecho de reunión pacífica.
La protesta también abrió interrogantes sobre la libertad de expresión. Las
manifestaciones públicas permiten que la ciudadanía exprese inconformidades, exija
respuestas y cuestione las decisiones de sus autoridades. En este caso, las
personas se congregaron para reclamar un servicio esencial y pedir soluciones a un
problema que afecta su vida cotidiana.
Golpes, detenciones y denuncias de malos tratos
Las consecuencias de la intervención policial no se limitaron a la dispersión de la
movilización. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron
agresiones físicas contra manifestantes, mientras que familiares de personas
detenidas señalaron dificultades para conocer su ubicación y estado de salud. La
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conocida como Red
TDT, reportó decenas de personas heridas y cuestionó el uso de gases
lacrimógenos, polvo extintor y agua a presión durante la manifestación.
Uno de los testimonios recuperados por Animal Político corresponde a Teodoro
Jesús Torres Valdez, de 50 años, quien acudió a la marcha acompañado de su hija y
su sobrina. Según relató al medio, intentó sacar su teléfono para grabar cuando
observó que unos agentes se llevaban a unas jóvenes. Afirmó que fue sujetado y
trasladado detrás de la línea de policías antimotines, donde recibió rodillazos.
También denunció que las agresiones continuaron cuando ya estaba esposado y
que, antes de llegar al lugar donde concentraban a los detenidos, un grupo de
hombres encapuchados lo golpeó e insultó.
Torres Valdez mostró lesiones en el rostro y una herida en la cabeza, además de
denunciar contusiones en el abdomen y posibles fracturas en las costillas, de
acuerdo con Animal Político. Su relato plantea la necesidad de investigar las
condiciones en que fue detenido y si sufrió agresiones mientras se encontraba bajo
custodia. De confirmarse los hechos denunciados, podrían existir afectaciones a su
integridad física y dignidad, además de posibles responsabilidades de los agentes
involucrados.
Las denuncias también alcanzaron a otras personas detenidas. En la misma
cobertura de Animal Político, Margarita Mora afirmó que su hija, Mariana Jovel
Mora, fue golpeada, pateada y arrastrada durante su detención. Según relató,
recibió información de que Mariana tenía la nariz fracturada y se encontraba en silla
de ruedas, aunque todavía no había podido comprobar personalmente su estado de
salud. La madre también manifestó su preocupación por una posible discriminación
relacionada con la identidad de género de su hija. Este señalamiento requiere una
investigación específica para establecer las circunstancias de la detención y
determinar si existió un trato discriminatorio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que atraería el
caso para investigar posibles violaciones a derechos humanos durante y después
de la protesta. Según informó Animal Político, el organismo previó recabar
testimonios, practicar certificaciones médico-legales y revisar las denuncias
relacionadas con posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
La apertura de estas diligencias no significa que los actos denunciados hayan sido
acreditados como tortura. Para determinarlo, será necesario analizar la gravedad de
los hechos, las circunstancias en que ocurrieron, la finalidad de las conductas y los
demás elementos jurídicos aplicables. Sin embargo, las denuncias de golpes
durante la detención y bajo custodia hacen indispensable esclarecer la actuación de
quienes intervinieron, garantizar la atención médica y determinar las
responsabilidades que correspondan.
Familias sin información y obstáculos para la defensa
Después de la movilización, la incertidumbre se extendió a las familias de las
personas detenidas. El 12 de octubre, familiares se reunieron frente a las
instalaciones de la Fiscalía de Jalisco para exigir información sobre sus seres
queridos y cuestionar las condiciones de las detenciones. Tanto La Jornada como
Animal Político documentaron denuncias sobre dificultades para conocer el
paradero y la situación jurídica de los detenidos, así como obstáculos para que
familiares y abogados particulares pudieran entrevistarse con ellos.
En declaraciones recogidas por Animal Político, Graciela Bernal Loaiza, madre de
Jorge Ignacio Luna Bernal, relató que pasó la noche esperando información sobre
su hijo. Según explicó, recibió una llamada para avisarle que estaba detenido en
Casa Jalisco y, posteriormente, policías les indicaron que las personas detenidas
habían sido trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía. La familia también tuvo
conocimiento de una fotografía en la que Jorge Ignacio aparecía golpeado y con
vendajes. La madre reclamó el derecho de las familias a conocer la situación de sus
seres queridos.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), citado por Animal
Político, señaló que durante la noche se impidió el ingreso de familiares y abogados
particulares para hablar con las personas detenidas. La organización también
informó que al menos dos personas liberadas denunciaron presiones para desistirse
de acusaciones contra policías. La información publicada no identifica a quienes
habrían ejercido esas presiones ni establece si las personas afectadas formalizaron
las denuncias, por lo que los señalamientos deberán investigarse.
Por su parte, La Jornada recogió denuncias de familiares que afirmaron haber
recibido información de que algunas personas permanecían bajo resguardo de la
Policía Estatal y no se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía. Estas
declaraciones plantean interrogantes sobre los registros de detención, los traslados
y la comunicación con las familias.
La falta de información sobre una persona detenida no constituye automáticamente
una desaparición forzada ni demuestra por sí misma que la detención haya sido
ilegal. Sin embargo, la incertidumbre sobre su ubicación, el acceso limitado a una
defensa de elección y las posibles presiones para retirar acusaciones son cuestiones que deben esclarecerse. La protección de la libertad personal exige que
las detenciones estén justificadas conforme a la ley, se registren debidamente y
permitan el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.
Las cifras publicadas durante las primeras horas posteriores a la marcha tampoco
fueron uniformes. La cronología de UDGTV señala que el Gobierno de Jalisco
confirmó 39 detenciones la noche del domingo. En cambio, la Red TDT y la Red
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportaron cifras
preliminares de hasta 51 personas detenidas y advirtieron que el registro podía
aumentar. Las diferencias deben conservarse como parte de la información
disponible en cada momento, sin presentarlas como un único recuento confirmado.
La libertad de prensa
La actuación de los cuerpos de seguridad también fue cuestionada por las posibles
agresiones contra periodistas que cubrían la manifestación. La Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que los gases lacrimógenos
y los chorros de agua a presión se dirigieron también contra personas que
documentaban los acontecimientos. Por su parte, el Observatorio sobre Libertad de
Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara exigió
esclarecer las detenciones y las posibles agresiones contra integrantes de la
prensa.
La labor periodística durante una protesta permite documentar los acontecimientos,
contrastar las versiones de las autoridades y de los manifestantes y proporcionar
información a la sociedad. Por ello, las agresiones, amenazas u obstáculos
injustificados contra quienes realizan esta cobertura pueden afectar tanto su
integridad como la libertad de prensa y expresión.
El Observatorio de la Universidad de Guadalajara también solicitó información sobre
el paradero de las personas detenidas, su situación jurídica y las circunstancias de
los arrestos. Además, pidió garantizar su integridad física y psicológica, su
representación legal y el respeto al debido proceso. Su pronunciamiento situó la
protección de los periodistas y las garantías de las personas detenidas como parte
de una misma exigencia: que las autoridades esclarezcan los hechos y aseguren el
ejercicio de los derechos fundamentales.
Una crisis que no termina con la dispersión de la marcha
Las denuncias relacionadas con el operativo policial no deben desplazar el
problema que motivó la movilización. La exigencia de agua limpia responde a una
necesidad cotidiana y plantea preguntas sobre la responsabilidad de las
instituciones encargadas de garantizar su calidad. Mientras no se esclarezcan las
causas de la contaminación reportada, los riesgos para la salud y las medidas
necesarias para resolver el problema, la inconformidad ciudadana seguirá teniendo
como punto de partida las condiciones en que llega el agua a los hogares.
La crisis plantea dos ámbitos de investigación relacionados, pero distintos. El
primero corresponde al acceso al agua potable, las posibles afectaciones a la salud
y el medio ambiente, y las obligaciones de las autoridades para garantizar un
suministro suficiente y salubre. El segundo comprende la actuación de los cuerpos
de seguridad, las detenciones, las denuncias de agresiones, las garantías de
defensa y las condiciones para ejercer la protesta y el periodismo.
