El pasado 03 de mayo del año en curso, cientos de mexicanos marcharon en la Ciudad de México con el objetivo de manifestarse y exigir pacíficamente a la autoridad, legislar respecto al consumo del cannabis, lo anterior, con el objetivo de disminuir el acoso y discriminación que reciben como consumidores habituales y obtener seguridad y certeza jurídica.
Si bien, la portación para el consumo personal del cannabis ya se encuentra despenalizada, no existe un marco normativo que regule su consumo, siendo esto causante de una fuerte incertidumbre jurídica hacia sus consumidores, ya que no existe claridad y certeza sobre qué está permitido y qué está prohibido, así como tampoco, sobre cuáles son las facultades de la autoridad para controlar su debido consumo, provocando lo anterior una serie de abuso de facultades por parte de la autoridad en contra de un grupo socialmente estigmatizado y perseguido por una pluralidad de prejuicios.
La autoridad competente tiene la responsabilidad de legislar el consumo del cannabis y derechos relacionados, lo anterior, acorde a la realidad del Estado Mexicano, ya que en ciertas ocasiones, el Poder Legislativo realizando un análisis del derecho internacional, suele apoyarse de marcos normativos extranjeros para implementarlos en el ordenamiento mexicano, no obstante, es menester entender que el contexto político, económico y social de los países extranjeros que han regulado el consumo del cannabis, es totalmente distinto y en creces más avanzado al contexto mexicano, lo que nos lleva a preguntarnos si el Estado Mexicano está realmente listo para este avance, o si legislar respecto al consumo del cannabis sería “dispararse en el pie”.
