Policías y pobladores del municipio de Castaños, Coahuila, ataron y ahorcaron ayer, miércoles 24 de agosto, a una osezno hasta matarla. En las fotografías y videos, que se hicieron virales, se aprecia cómo un grupo de personas, entre ellas elementos de policía, amarraron de patas y hocico al animal. En concreto, se puede observar cómo una policía mujer, en compañía de cuatro elementos hombres, se reían y grababan el acto. Horas después de lo ocurrido el gobernador del estado, Miguel Riquelme, publicó este tweet en su perfil oficial:
“Reprobamos enérgicamente las indignantes acciones de quienes participaron en el maltrato y muerte de un ejemplar de oso negro en el municipio de Castaños”
En el hilo, comentó que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) ya presentó una denuncia contra los responsables. Se suma la agravante de que el oso negro está considerado una especie protegida en peligro de extinción. Su hábitat natural es precisamente el estado de Coahuila.
¿A quiénes no se hace responsables?
Lo que es necesario cuestionarse en este caso de brutalidad es ¿por qué la policía municipal actuó como espectador y no como autoridad? Juan Antonio Garza García, Alcalde del municipio, intentó responder esta pregunta en su primer comunicado ante los hechos.
” No era mucho el personal de la policía, eran cuatro elementos según tengo información y los habitantes eran 15 o 20. Entonces se salió de control. La policía pretendía que lo protegieran en un espacio, pero yo creo que los colonos optaron por lanzarlo. Se salió de control, los cuatro elementos no pudieron controlar la situación”
Horas después, tras ser informado del papel de los policías en los hechos, anunció su suspensión sin dar su identidad. Informó que se empezaron las investigaciones correspondientes y, una vez que concluyan, se determinará si existe culpabilidad de su parte.
Incluso aunque no hubieran actuado en la tortura del animal, los agentes habrían sido cómplices por omisión. El Código penal la define como la propia de personas que conocen las intenciones del autor y no actúan para evitar el crimen. Los policías del estado de Coahuila, aparte de no hacer nada, dieron pie para que la tortura continuara. Son responsables desde que su deber es asegurar el cumplimiento de la ley y fallaron.
El eterno problema de la impunidad en México
Los policías no fueron detenidos, no fueron despedidos; tan solo fueron suspendidos temporalmente. Y ni siquiera se sabe si serán castigados por su participación. Todo ello hace temer que este quedará en uno más de los cientos de casos en los que los culpables -en este caso policías- quedan impunes en México.
La analista Monseratt Lopez hizo pública la segunda edición de la encuesta de percepción de impunidad 2022. Según esta, ocho de cada 10 mexicanos creen que la impunidad de este país ha aumentado durante el último trienio. Los resultados son un claro reflejo de la percepción que tiene la ciudadanía ante la clara ausencia de justicia. Exactamente, tal como sucedió ayer en Castaños, Coahuila. La impunidad en México le garantiza la libertad al asesino y el olvido a la víctima. Y, desgraciadamente, esta pequeña osezna será una olvidada más.
