El pasado 2 de abril del año en curso, la Señora de la tercera edad de nombre Carlota “N”, fue detenida por las autoridades competentes luego de privar de la vida a un joven de 19 años y a un señor de la mediana edad, utilizando una arma de fuego.
El caso generó polémica por la edad del sujeto activo del delito y por las diversas teorías que existen en torno a su móvil, la más aceptada de estas últimas, consiste en que la Señora Carlota fue despojada sin justo derecho de un inmueble de su propiedad por parte de los ahora finados y al no haber obtenido una pronta solución de las autoridades, esta decidió “tomar cartas en el asunto”.
Las redes sociales dieron a conocer este polémico hecho con una celeridad sorprendente, dividiendo las opiniones de los internautas, ya que hay quienes justifican la conducta de la Señora por el hecho de que los finados la habían privado sin justa causa de un bien inmueble de su propiedad y hay quienes la condenan por hacer justicia por su propia mano.
Lejos de ponderar los bienes jurídicos afectados, siendo estos la vida y el patrimonio, este caso resalta la creencia que existe en la población mexicana sobre la poca efectividad de la vía judicial para la resolución de conflictos, casos mediáticos como el que ahora nos ocupa, genera la idea de que toda conducta es justificable en caso de haber sufrido un daño previo en la esfera jurídica.
La autoridad debe de crear las medidas necesarias para que hacer justicia por mano propia no sea una alternativa, encausando a los mexicanos a que se remitan únicamente a los medios legales para exigir lo que les corresponde por derecho.