La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre la reforma judicial en México. Reforma que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Durante una audiencia pública, la CIDH escuchó las inquietudes de juzgadores mexicanos y de diversas organizaciones. Ello tras las solicitudes de su revisión por sus posibles implicaciones en derechos humanos y acceso a la justicia. Entre los presentes estuvo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez Potisek, quien asistió en calidad de público.
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Andrea Pochak, relatora de la CIDH, destacó que la elección de jueces por voto popular, como propone la reforma, podría poner en riesgo la independencia judicial. Según Pochak, este método de selección de autoridades judiciales, que ha generado polémica en otros países, incrementa el riesgo de deslegitimidad del sistema judicial por la posible falta de participación ciudadana y politización del proceso. También cuestionó si la reforma fue precedida por un diagnóstico exhaustivo. Sugirió que, en su ausencia, podrían no haberse contemplado medidas necesarias para evitar la intervención del crimen organizado en las elecciones judiciales.
El relator Carlos Bernal Pulido advirtió que la implementación de este modelo en México podría ser un ejemplo de “constitucionalismo abusivo”. El considerar que al reducir los contrapesos del Poder Judicial, se pone en riesgo la autonomía de las instituciones judiciales. Bernal resaltó que el momento en que se promueve esta reforma coincide con el control parlamentario que Morena y sus aliados adquirieron en el Congreso, tras una victoria electoral amplia.
En representación del Estado mexicano, la embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, defendió la reforma, asegurando que su propósito es fortalecer el sistema de justicia y combatir la corrupción y el nepotismo en el ámbito judicial. La embajadora Baños afirmó que la reforma fue ampliamente debatida y se aprobó con “transparencia y participación”. A esta postura se sumó José Antonio Montero Solano, de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Destacó el respaldo popular a la reforma y afirmó que la independencia judicial sigue garantizada en la Constitución. Asimismo, señaló que la Suprema Corte (SCJN) confirmó su validez, aunque sin pronunciarse sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma judicial es irreversible. Además, afirmó que conforme a lo estipulado, en 2025 se llevarán a cabo las primeras elecciones para jueces y magistrados. La mandataria defendió la autonomía del Estado mexicano, señalando que no se han violado derechos humanos en el proceso de aprobación de esta reforma.
Mira el video donde Claudia Sheinbaum responde a CIDH que la Reforma al PJF nada la puede parar
La CIDH, que en septiembre pasado ya había advertido sobre posibles “impactos en el acceso a la justicia”. Instó al Estado mexicano a garantizar que cualquier modificación en el sistema judicial respete la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así como cumplir con los estándares internacionales de independencia judicial y acceso equitativo a la justicia.