El Estado mexicano se muestra incapaz de resolver los feminicidios

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A pesar de la ola de feminicidios que se ha desatado en los últimos meses, no existe aún una cifra oficial de los homicidios que por razón de género se ha alcanzado en nuestro país. Las víctimas cada vez son más y todavía no hay quien se haga cargo por completo de este grave asunto.

Antes Ciudad Juárez. Hoy el Estado de México se volvió la capital del feminicidio y el lugar donde más mujeres desaparecen cada día. Superando a Chihuahua, Edomex cerró el 2016 con 263 homicidios perpetrados contra la mujer por razón de género. Pero la cifra desde el 2012 hasta hoy, según El País, es de 7,404 mujeres.

El asesinato de mujeres en México comenzó a ser notorio en 1993, cuando los casos de Ciudad Juárez comenzaron a denunciarse públicamente. Tuvieron que pasar 20 años para que el feminicidio se incluyera como delito en el Código Penal Federal.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), lo más frecuente y común es que las familias de las víctimas investiguen solas su caso. Las autoridades piden pruebas para comprobar que la persona está desaparecida. La investigación sobre el paradero de sus familiares es casi nula, se hace poco por resolver los múltiples casos de feminicidios, además de que no existen los expertos necesarios.

Ante la grave problemática de que todo México se ha convertido en un Ciudad Juárez, las mujeres y familias de las víctimas comienzan a levantar la voz exigiendo justicia, pero ¿qué pasa cuando el Estado no es capaz de dar solución a una epidemia de violencia machista?

Durante el gobierno de Vicente Fox se extendió una invitación permanente a todos los observadores de Derechos Humanos que quisieran visitar el país para recibir las respectivas recomendaciones, y fue así cómo se señaló negativamente la falta de diálogo y colaboración temprana y oportuna por parte del Gobierno Federal respecto de los feminicidios de Ciudad Juárez.

Los numerosos casos de “las muertas de Juárez” comenzaron a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque algunos familiares de las víctimas hicieron llegar sus peticiones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchos familiares de las víctimas carecían de recursos para hacerse oír, ya que las muertas pertenecían a un nivel socioeconómico bajo.

Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte es la única institución competente para determinar si existió violación de derechos humanos. Para que la Corte pueda ejercitar su jurisdicción contenciosa en un caso, el Estado acusado debe haber violado un derecho humano. El proceso terminará con una absolución o la pena de una indemnización.

Aquí empieza un difícil camino para lograr responsabilizar al Estado mexicano por la epidemia de feminicidios que no son resueltos, y mucho menos frenados, principalmente a causa de la impunidad que existe en nuestro sistema de justicia. A través de la CIDH las familias de sólo 5 víctimas de las 7,404 han logrado responsabilizar parcialmente al Estado mexicano y conseguir al menos una indemnización por las múltiples violaciones de sus derechos humanos.

A pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, éste no ha sido reconocido y mucho menos utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, debido a la permisividad latente y grave del Estado mexicano. Durante más de una década, Ciudad Juárez y Chihuahua mantuvieron la mirada nacional e internacional debido a los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en estas ciudades, donde se destaca la gran impunidad de nuestro sistema de justicia.

México sigue acumulando gran cantidad de recomendaciones internacionales en el tema de los derechos de las mujeres, la mayoría dirigidas a atender el feminicidio y los aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas por el Estado siguen siendo insuficientes.

“El Ministerio Público no hizo nada”, “Me habló para decirme que iba a matar a Mariana”, “Fue en Tlalpan donde encontraron a mi hija”, “Se muere uno en vida” y “Quiero que caiga todo el peso de la ley” son algunas de de las voces que siguen alzando las madres de las que ya no pueden hablar.

 

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