La batalla sobre ruedas (parte I): la disputa por el transporte tapatío

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Los conflictos por el servicio de taxis llegaron también a Guadalajara. La Perla Tapatía ha sido testigo de la furia del grupo comandado por los conductores de los tradicionales vehículos amarillos, pues ellos se han desquitado a través de la violencia física con los choferes de Uber. Esta batalla se ha vuelto una guerra en la que no existen reglas, o por lo menos las autoridades correspondientes no han dado un fallo a favor de alguna de las partes. Esto ha provocado la incertidumbre de los socios de la empresa internacional y sus usuarios. Sin importarles si realmente pertenecen a Uber, los taxistas han desatado una serie de ataques a ciudadanos que resultan afectados por los intereses de un grupo que se niega a la competencia.

El pasado 20 de febrero el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco, Eduardo Almaguer, dio a conocer que, como resultado de una inspección que se realizó a Uber, se pudo constatar que la empresa de taxi privado no ofrece ninguna garantía laboral a sus trabajadores y mucho menos a quienes contratan el servicio. En conferencia de prensa, Almaguer explicó que durante una inspección que se realizó a las oficinas de la empresa, ubicadas en el piso 23 de la Torre de Punto Sao Paulo, se constató que la empresa existe y está registrada como una prestadora de servicios tecnológicos.

Los taxistas convencionales han hecho notar su descontento con Uber manifestándose en marchas que, en realidad, son caravanas realizadas a bordo de sus automóviles desde algunos puntos de la ciudad para llegar juntos a Palacio de Gobierno, donde bloquean la zona y provocan un caos vial. Ante esta situación, Uber asegura que no negociará con el Gobierno del Estado mientras sus condiciones sigan beneficiando los intereses del sindicato de taxistas y no busquen un acuerdo. El departamento jurídico de la empresa informó que de ninguna manera limitarán su número de unidades en la ciudad.

Enfrentamientos

La violencia ha ido en aumento en los últimos meses. Los conductores del taxi tradicional llaman a Uber ‘taxi pirata’ porque no pagan la concesión de transporte público. Aunque la versión oficial indica que ya no se han expedido concesiones en el Estado, Internet es el mercado negro preferido para quienes tienen estos títulos y los ofertan desde 500 mil hasta 800 mil pesos. Pero la violencia va más allá de lo verbal. Ante el silencio gubernamental, los taxistas buscan hacer justicia a su modo, buscando choferes de Uber, maltratarlos y en ocasiones hurtando sus vehículos.

El panorama no es tan sencillo, por un lado el diputado que preside la comisión de Vialidad y Transporte en el Congreso de Jalisco, Martín López Cedillo, es concesionario de tres taxis en la zona metropolitana de Guadalajara, y él se ha dicho incapaz de juzgar la legalidad de éstas empresas; por el otro bando más 75 mil ciudadanos jaliscienses han firmado una carta en el sitio change.org solicitando a las autoridades la permanencia de Uber.

Para regular este tipo de negocios, es necesario modificar la ley de movilidad como ya se hizo en la Ciudad de México, donde se dio espacio al transporte privado. Por lo pronto no hay una postura clara, mientras el Gobernador afirma que se debe buscar la regulación, lo único que se ha visto del nuevo secretario de Movilidad son los  llamados operativos “anti-Uber”.

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